villa fabriciano

El pasado mes de septiembre la Alcaldesa de Torrelodones y el Concejal de Urbanismo solicitaron al Juzgado número 1 de Collado Villalba personarse ante las noticias aparecidas en prensa de una presunta querella presentada por el ex alcalde Serapio Calvo contra los ediles, el Arquitecto municipal y el Vicesecretario del Ayuntamiento. En dicha querella se acusa a los dos cargos públicos de fraude a la Administración, consecuencia de haberse abonado por Villa Fabriciano un importante sobreprecio, muy superior al precio de mercado. Asimismo, la querella denuncia la existencia de irregularidades urbanísticas en el edificio que deberían haber obligado a excluirlo del concurso público convocado por el Ayuntamiento para dotar a Torrelodones de una nueva biblioteca pública.

 Los dos ediles han declarado y documentado que:

  1. Es rotundamente falso que se pagara por encima del precio de mercado por el inmueble y así lo certifican sendos informes de la interventora, el arquitecto y la técnico urbanista del Ayuntamiento, y queda además claro en el hecho de que el propio Serapio Calvo ofertó un precio por metro cuadrado de 1.813,79 € frente a los 1.630,54 € que ofertó el licitador que ganó el concurso. Es decir, el precio ofertado por el querellante fue 183,25 € superior al finalmente pagado por el Ayuntamiento. A ello se añade que los servicios técnicos municipales han constatado que el precio del local comercial en la zona de la colonia es superior a lo pagado por el Ayuntamiento.
  1. Es rotundamente falso que el precio de licitación no estuviese basado en un estudio de mercado. Previamente al concurso el arquitecto municipal realizó una valoración del precio por m2 basada en testigos de ofertas y ventas próximas, al igual que se hace en cualquier concurso de venta o compra de bienes muebles e inmuebles realizado por el Ayuntamiento. El informe de tasación firmado por el Arquitecto ha sido refrendado por todos los servicios técnicos municipales.
  1. Villa Fabriciano no tiene ni ha tenido ningún expediente de disciplina urbanística, ni consta en los archivos ningún expediente alusivo a problemas urbanísticos o en su caso, disciplinarios relacionados con el edificio. El edificio se construyó de acuerdo a las licencias concedidas que gozan de presunción de legalidad y nunca han sido objeto de revisión. Igualmente la actividad comercial se ha desarrollado con total normalidad desde que se construyó en edificio en 1995. De los antecedentes existentes no cabe establecerse que esté fuera de ordenación. Todo ello está reiteradamente certificado por los informes de la totalidad de los servicios técnicos y jurídicos municipales.
  1. Villa Fabriciano tiene de la superficie mínima requerida en el concurso tal y como se pudo comprobar durante el concurso y se ha ratificado con mediciones más precisas una vez adquirido. De hecho el concurso exigía una superficie mínima sobre rasante de 700 m2c y se ha constatado que tiene 725,74 m2c; asimismo se exgía una superficie global mínima de 900 m2c y tiene 1.053,11 m2c.
  1. El edificio ofertado por el ex alcalde Serapio Calvo al concurso no cumple con las condiciones del mismo, motivo por el cual fue excluido por la mesa de contratación. Concretamente se exigía una superficie de 900 m2c y el señor Calvo ofertó un edificio de 882 m2c. Además la finca ofertada por el señor Calvo no se corresponde ni registral ni catastralmente con la resultante de la segregación realizada por él mismo en 1989 y por tanto no es un cuerpo ni bien cierto y no pudo ser considerada en el concurso.
  1. El procedimiento de compra realizado, concurso público abierto y con mesa de contratación pública, garantiza la total transparencia de todo el procedimiento y la igualdad de oportunidades de los licitadores. En caso de que se hubiese querido comprar de forma directa Villa Fabriciano se podía haber optado por una permuta, como el Partido Popular hizo para comprar el palacete de La Solana, o mediante una expropiación, como hizo también en la compra de los terrenos del actual parking de la Calle Real. Tal y como concluye el informe de los servicios jurídicos “si el Ayuntamiento hubiese querido adquirir directamente un bien concreto, hubiese podido hacerlo sin problema alguno y si la corporación ha optado por el procedimiento de concurso abierto ha sido porque así lo ha estimado dentro de sus competencias discrecionales”.

Todo el procedimiento administrativo de compra contó con los informes preceptivos favorables del Vicesecretario, el Arquitecto y la Interventora municipal, informes que obran en el expediente administrativo ya publicado en su totalidad. La Alcaldesa ha aportado además nuevos informes del Secretario, la Interventora y la Técnico Urbanista municipal que ratifican la absoluta legalidad de todo el procedimiento de compra y la inexistencia de problema urbanístico alguno en el edificio adquirido por el Ayuntamiento.